El Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí
(IMES) realizó el Taller “Importancia, Proceso y Aplicación de las Medidas de
Protección en el estado de San Luis Potosí”, cuyo objetivo fue proporcionar
herramientas teórico-prácticas para que las y los operadores de justicia
incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos en la correcta
interpretación y aplicación de las disposiciones relativas a la emisión y
ejecución de órdenes de protección, atendiendo a lo establecido en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, informó la directora general del
IMES, Teresa de Jesús Mendoza Rivera.
La facilitadora de esta actividad fue María del Rocío
Morales Hernández, jueza del Sexagésimo Primero de lo Penal en el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y docente de Posgrado de la UNAM.
Este taller se realizó en las instalaciones del Centro
Cultural municipal de Matehuala y se analizó primeramente la sentencia emitida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el campo algodonero por
las muertas de Juárez, asimismo de la dificultad para identificar la
discriminación hacia la mujer al momento de emitir resoluciones judiciales en
casos prácticos y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.
En cuanto a la necesidad que existe de protección para la
mujer, se analizó la utilidad de las órdenes de protección y su naturaleza
jurídica, medidas cautelares, acciones afirmativas y sus características.
Entre las principales conclusiones obtenidas en este taller
fueron que para poder lograr un verdadero cambio es necesario modificar las
costumbres, tradiciones, prejuicios y estereotipos que rigen a la sociedad;
también se reconoció que el cambio se logrará sólo a través de una educación
integral, que debe darse en la escuela, el hogar y los medios de comunicación.
Además, que se necesita capacitar a operadores/as de
justicia, en especial a jueces y juezas en materia de género y no limitarse al
conocimiento de las normas y tratados, sino incidir en la forma de pensar e
introyectar los derechos humanos, mismos que deben ser legitimados por la
sociedad, porque de no modificar la forma de pensar de las y los operadores de
justicia, el acceso de las mujeres a la justicia estará limitado.
Fuente: Instituto de la Mujeres de San Luis Potosí
