El gobierno de Nuevo León dio un importante paso hacia la igualdad con la presentación, ante el Congreso del estado, de dos iniciativas: la primera para crear la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres; y la segunda, que reforma y adiciona la Ley de Planeación y la Ley de Administración Financiera, para dotarlas de perspectiva de género.
El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, en reunión con funcionarias públicas, mencionó que los recursos que habrán de aprobarse en el presupuesto 2011 tendrán una “mirada de mujer”, lo que facilitará su aplicación a favor de este sector de la sociedad “gracias al enfoque o herramienta de la perspectiva de género, que permite identificar y atender el fenómeno de la desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres”.
Por su parte, la presidenta del Instituto estatal de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa, señaló que no se trata de otorgar más presupuesto, sino de analizar el impacto de esa política pública con perspectiva de género en el ejercicio del gasto, de tal forma que beneficie por igual a unas y a otros.
El objetivo de la iniciativa presentada por el Instituto estatal de las Mujeres, elaborada en consenso y con la participación del Consejo de Participación Ciudadana, órgano plural del IEM, de 20 colegios y barras de abogados, magistrados/as, jueces, profesionales de la academia y de la sociedad civil, va más allá de la Ley General de Igualdad, pues regula y protege la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado.
La relevancia de las iniciativas presentadas estriba en que, finalmente, Nuevo León contará con una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, pero más aún, que ésta incluye en su capítulo décimo primero, garantizar que todas las dependencias incorporen la perspectiva de género en los recursos públicos, a través de las unidades ejecutoras del gasto, desde la planeación presupuestal hasta la evaluación correspondiente.
Adiciona el capítulo del recurso de inconformidad -inexistente en legislaciones similares en las que sólo se contempla como queja- por el cual una persona puede formular e interponer un procedimiento legal si alguna dependencia no le ha respetado el principio de igualdad.
Incluye un capítulo de infracciones y sanciones derivadas del propio recurso de inconformidad y contempla sanciones económicas que se impondrían si se demuestra que hubo violación de ese derecho, entre otros aspectos más que abarcan no sólo los ámbitos político, social y cultural, sino se extienden a lo educativo, lo laboral y a la impartición de justicia.
Como antecedente importante, el proyecto de la Ley de Egresos de Nuevo León para el año 2011, entregado por el mandatario estatal al Congreso nuevoleonés el pasado 20 de noviembre, incluye en su artículo 18 que las dependencias y entidades procurarán que la ejecución del presupuesto tenga perspectiva de equidad de género.
Las reformas propuestas tanto a la Ley de Planeación y a la Ley de Administración Financiera, presentadas el 9 de diciembre, están encaminadas a implantar dicha perspectiva como herramienta estratégica, con indicadores que permiten valorar y observar posibles actos discriminatorios en el ejercicio del gasto.
La modificación más importante se propone en el artículo 10 bis, que enuncia su aplicación por parte de los tres poderes del Estado: “Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como el Poder Judicial y el Poder Legislativo llevarán a cabo la planeación, el diseño, programación, ejecución y evaluación del presupuesto, en el ámbito de su competencia, con perspectiva de equidad de género”, aspecto que no se contempla en ninguna otra legislación del país.
Entre las ventajas que surgen al tener y utilizar un presupuesto con perspectiva de equidad de género se encuentran: detectar y corregir desigualdades debidas al género, aportar una valoración realista de las condiciones sociales y las implicaciones reales de las políticas públicas y la influencia en las mujeres y hombres del gasto y del ingreso públicos y aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, entre otras más. De esta manera, el gobierno estatal tendrá en un marco jurídico administrativo que le permita ejercer recursos para beneficiar, de manera equitativa, a la población de ambos sexos.
Las iniciativas fueron entregadas en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León con la presencia de diputadas y diputados de las diversas fracciones parlamentarias, quienes atestiguaron el acto y manifestaron su beneplácito ante las iniciativas presentadas.
Fuente: Instituto estatal de las Mujeres de Nuevo León
El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, en reunión con funcionarias públicas, mencionó que los recursos que habrán de aprobarse en el presupuesto 2011 tendrán una “mirada de mujer”, lo que facilitará su aplicación a favor de este sector de la sociedad “gracias al enfoque o herramienta de la perspectiva de género, que permite identificar y atender el fenómeno de la desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres”.
Por su parte, la presidenta del Instituto estatal de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa, señaló que no se trata de otorgar más presupuesto, sino de analizar el impacto de esa política pública con perspectiva de género en el ejercicio del gasto, de tal forma que beneficie por igual a unas y a otros.
El objetivo de la iniciativa presentada por el Instituto estatal de las Mujeres, elaborada en consenso y con la participación del Consejo de Participación Ciudadana, órgano plural del IEM, de 20 colegios y barras de abogados, magistrados/as, jueces, profesionales de la academia y de la sociedad civil, va más allá de la Ley General de Igualdad, pues regula y protege la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado.
La relevancia de las iniciativas presentadas estriba en que, finalmente, Nuevo León contará con una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, pero más aún, que ésta incluye en su capítulo décimo primero, garantizar que todas las dependencias incorporen la perspectiva de género en los recursos públicos, a través de las unidades ejecutoras del gasto, desde la planeación presupuestal hasta la evaluación correspondiente.
Adiciona el capítulo del recurso de inconformidad -inexistente en legislaciones similares en las que sólo se contempla como queja- por el cual una persona puede formular e interponer un procedimiento legal si alguna dependencia no le ha respetado el principio de igualdad.
Incluye un capítulo de infracciones y sanciones derivadas del propio recurso de inconformidad y contempla sanciones económicas que se impondrían si se demuestra que hubo violación de ese derecho, entre otros aspectos más que abarcan no sólo los ámbitos político, social y cultural, sino se extienden a lo educativo, lo laboral y a la impartición de justicia.
Como antecedente importante, el proyecto de la Ley de Egresos de Nuevo León para el año 2011, entregado por el mandatario estatal al Congreso nuevoleonés el pasado 20 de noviembre, incluye en su artículo 18 que las dependencias y entidades procurarán que la ejecución del presupuesto tenga perspectiva de equidad de género.
Las reformas propuestas tanto a la Ley de Planeación y a la Ley de Administración Financiera, presentadas el 9 de diciembre, están encaminadas a implantar dicha perspectiva como herramienta estratégica, con indicadores que permiten valorar y observar posibles actos discriminatorios en el ejercicio del gasto.
La modificación más importante se propone en el artículo 10 bis, que enuncia su aplicación por parte de los tres poderes del Estado: “Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como el Poder Judicial y el Poder Legislativo llevarán a cabo la planeación, el diseño, programación, ejecución y evaluación del presupuesto, en el ámbito de su competencia, con perspectiva de equidad de género”, aspecto que no se contempla en ninguna otra legislación del país.
Entre las ventajas que surgen al tener y utilizar un presupuesto con perspectiva de equidad de género se encuentran: detectar y corregir desigualdades debidas al género, aportar una valoración realista de las condiciones sociales y las implicaciones reales de las políticas públicas y la influencia en las mujeres y hombres del gasto y del ingreso públicos y aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, entre otras más. De esta manera, el gobierno estatal tendrá en un marco jurídico administrativo que le permita ejercer recursos para beneficiar, de manera equitativa, a la población de ambos sexos.
Las iniciativas fueron entregadas en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León con la presencia de diputadas y diputados de las diversas fracciones parlamentarias, quienes atestiguaron el acto y manifestaron su beneplácito ante las iniciativas presentadas.
Fuente: Instituto estatal de las Mujeres de Nuevo León
